En este apartado encontrará algunas definiciones relacionadas con los temas principales considerados el Proyecto “Hacia la Integridad. Una construcción entre los sectores público y privado en Colombia”. Cabe aclarar que este contenido no es una lista exhaustiva y tampoco pretende zanjar las discusiones teóricas que se presentan actualmente, pues se reconoce que pueden existir y aplicarse otras definiciones igualmente válidas desde el punto de vista técnico y práctico.

A

 Aceptación de riesgo: decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidades de un riesgo en particular.

Acción de repetición[1]: acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que, investido de una función pública, haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

 Administración de riesgos: cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos.

 Altos Directivos[2]: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna de la Persona Jurídica y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir la Persona Jurídica, trátese de miembros de cuerpos colegiados o de personas individualmente consideradas.

 Análisis de riesgo: uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

 Apetito de riesgo: nivel de riesgo que la empresa tolera.

 Asociados[3]: Personas naturales o jurídicas que han realizado un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero a una sociedad a cambio de cuotas, partes de interés, acciones o cualquier otra forma de participación que contemplen las leyes colombianas.

 Auditoria de cumplimiento[4]: Es la revisión sistemática, crítica y periódica respecto de la debida ejecución del Programa de Ética Empresarial.

 

B

 Bienes[5]: se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

 

C

 Corrupción[6]: Mal uso del poder para beneficio propio.

 Corrupción privada[7]: El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella

 Contratista[8]: Se refiere, en el contexto de un negocio o transacción internacional, a cualquier tercero que preste servicios a una Persona Jurídica o que tenga con ésta una relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los Contratistas pueden incluir, entre otros, a proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores y a personas que sean parte en contratos de colaboración o de riesgo compartido con la Persona Jurídica.

 Contrapartes: personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden.

 Control de riesgos: parte de la administración de riesgos que involucra la implementación de políticas, estándares, procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos adversos.

 

D

 Debida Diligencia[9]: Alude, en el contexto de esta Guía, a la revisión periódica que ha de hacerse sobre los aspectos legales, contables y financieros relacionados con un negocio o transacción internacional, cuyo propósito es el de identificar y evaluar los riesgos de Soborno Transnacional que pueden afectar a una Persona Jurídica, sus Sociedades Subordinadas y a los Contratistas. Respecto de estos últimos, se sugiere, además, adelantar una verificación de su buen crédito y reputación.

 Decomiso[10]: la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente

 

E

 Embargo preventivo o incautación[11]: la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente

 Empleado[12]: Es el individuo que se obliga a prestar un servicio personal bajo subordinación a una Persona Jurídica o a cualquiera de sus Sociedades Subordinadas, a cambio de una remuneración.

 Evaluación de riesgos: proceso global de análisis de riesgo y evaluación de riesgo. El proceso utilizado para determinar las prioridades de administración de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo, objetivos u otro criterio.

 Evento: incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo particular.

 Evitar un riesgo: decisión informada de no verse involucrado en una situación de riesgo.

 

F

 Frecuencia: medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que un evento sucede en un tiempo dado.

 

G

 Gestión de riesgos: aplicación sistemática de políticas, procedimientos, estructuras y prácticas de administración a las tareas de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos. Cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades potenciales mientras se administran los efectos adversos.

 Guía[13]: Es el presente documento en el cual se incluyen recomendaciones para la adopción de los Principios, cuya efectividad le permitirá a cualquier Persona Jurídica identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos de Soborno Transnacional.

 

I

 Inhabilidad: toda aquella circunstancia negativa del individuo que le impide acceder a un empleo o que le resta mérito para ejercer algunas funciones de un cargo determinado. Dichas circunstancias se encuentran señaladas en la Constitución y la ley y pueden ser de origen preventivo o sancionatorio.

 Interesados, grupos de interés o stakeholders: aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que pueden afectar, ser afectados por, o percibir ellos mismos ser afectados (positiva o negativamente) por una decisión o actividad.

 Interesados externos: aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones interesados en el Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento (PAEC) que no pertenecen a la empresa.

 Interesados internos: aquellas personas o cargos de la empresa con funciones y responsabilidades en el diseño, adopción y aplicación del Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento (PAEC), y a quienes se le deben asignar responsabilidades específicas en el manual de funciones para tal fin.

 Interventoría[14]: seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

 

M

 Manual de Cumplimiento[15]: Es el documento que recoge el Programa de Ética Empresarial de la Persona Jurídica.

 Monitoreo o seguimiento: comprobar, supervisar, observar críticamente, o registrar el progreso de una actividad, acción o sistema en forma sistemática para identificar cambios.

 

N

Negocio o Transacción Internacional que se realice a través de terceros[16]: Hace referencia a los Negocios o Transacciones Internacionales que realice una Sociedad colombiana a través de un intermediario o contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiere sido constituida en otro Estado por esa Sociedad.

Negocios o Transacciones Internacionales relacionadas con sectores económicos determinados[17]: Corresponde a los Negocios o Transacciones Internacionales que realice una Sociedad que pertenezca a alguno de los sectores que se mencionan a continuación, siempre que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, la Sociedad además cumpla, con alguno de los criterios referentes a ingresos brutos, activos totales o empleados, que a continuación se establecen para cada sector, farmacéutico, Infraestructura y construcción, manufacturero, Minero-Energético, Tecnologías de la información y comunicaciones.

 

O

 OCDE[18]: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

 Oficial de cumplimiento[19]: Es la persona natural designada por los Altos Directivos para liderar y administrar el Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional. El mismo individuo podrá, si así lo deciden los órganos competentes de la Persona Jurídica, asumir funciones en relación con otros sistemas de gestión de riesgo, tales como los relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la protección de datos personales y la prevención de infracciones al régimen de competencia.

 

P

 Pacto global[20]: iniciativa voluntaria, promovida por Naciones Unidas en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

 Persona Jurídica[21]: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y en el contexto de esta Guía, se refiere a las entidades que deberían poner en marcha un Programa de Ética Empresarial. El término Persona Jurídica se refiere, entre otras a cualquier tipo de sociedad de acuerdo con las leyes colombianas, las entidades que sean consideradas como controlantes en los términos del artículo segundo de la Ley Anti-Soborno, las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Colombia y cualquier otra entidad que sea calificada como persona jurídica conforme a las normas colombianas.

 Policymaker: persona responsable o que participa en la formulación de políticas.

 Políticas de Cumplimiento[22]: Son las políticas generales que adoptan los Altos Directivos de una Persona Jurídica para que esta última pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y honesta y esté en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas.

 Principios[23]: Son los principios enunciados en el numeral IV de esta Guía, que tienen como finalidad la puesta en marcha de los Sistemas de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional.

 Probabilidad: medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. También es definida como evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o resultados específicos en relación con la cantidad total de posibles eventos o resultados. Utilizada como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia.

 Producto del delito[24]: se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito

 Programa de Ética Empresarial[25]: Son los procedimientos específicos a cargo de¡ Oficial de Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento las Políticas de Cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de Soborno Transnacional, así como otros que se relacionen con cualquier acto de corrupción que pueda afectar a una Persona Jurídica.

 

R

 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): reporte que se realiza sobre todas aquellas operaciones que realizan las personas naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente justificados.

 Riesgo: posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se lo mide en términos de consecuencias y probabilidades.

 Riesgo de contagio: posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad.

 Riesgo de corrupción[26]: posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad, y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

 Riesgos asociados a la corrupción: riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de corrupción, éstos son: reputacional, legal, operativo y contagio, entre otros.

 Riesgo residual o neto: nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

 Riesgo inherente: nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

 Riesgo legal: posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.

 Riesgo operativo: posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye los riesgos legal y reputacional, asociados a tales factores.

 Riesgo reputacional: posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.

 Reducción de riesgos: aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de administración para reducir las probabilidades de una ocurrencia, o sus consecuencias, o ambas.

 Retención de riesgos: intencionalmente, o sin intención, suspender la responsabilidad por las pérdidas, o la carga financiera de las pérdidas o sus consecuencias dentro de la organización.

 

S

 Servidor público extranjero[27]: Servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional[28]: Es el sistema orientado a la correcta articulación de las Políticas de Cumplimiento con el Programa de Ética Empresarial y su adecuada puesta en marcha en la Persona Jurídica.

Sociedad Subordinada[29]: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

 Sociedad Vigilada[30]: Las sociedades vigiladas serán las que determine el Presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el Superintendente cuando del análisis de la información o de la práctica de una investigación administrativa, establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:

  • Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
  • Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;
  • No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados.
  • Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.

  Soborno[31]: pedir o tentar a otro.

 Soborno transnacional[32]: El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional

 Subrogados penales: mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad que se conceden a los individuos que han sido condenados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador. En el Código Penal colombiano[33] se establecen tres clases de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad: la suspensión condicional de la ejecución de la pena (artículo 63 C.P.), la libertad condicional establecida (artículo 64) y la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave estipulada (artículo 68).

 Sujeto obligado[34]: Se entenderán como sujetos obligados todas las entidades públicas, pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital; los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público; cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función; los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público; las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, sólo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.

 Supervisión[35]: Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

 

T

 Tratamiento del riesgo: proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo.

 Transferir riesgos: cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas a una tercera parte mediante legislación, contrato, seguros u otros medios.

 

U

Unidad de información y análisis financiero[36]: La Unidad tiene como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

 

V

 Valoración del riesgo: proceso total de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo.

 

[1] Artículo 2 de la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

[2] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[3] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[4][4] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[5] Ley 970 de 2005.

[6] Anti-corruption toolkit for small and medium sized companies

[7] Definición en el contexto del Estatuto Anticorrupción, ver artículo 16  de la Ley 1474 de 2011.

[8] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[9] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[10] Ley 970 de 2005

[11] Ley 970 de 2005

[12] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[13] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[14]Definición en el contexto del Estatuto Anticorrupción, establecida en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

[15] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[16] Resolución 100.002657 Superintendencia de sociedades

[17] Resolución 100.002657 Superintendencia de sociedades

[18] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[19] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.

[20] Para mayor información sobre la Red del Pacto Global en Colombia, consultar: http://www.pactoglobal-colombia.org/index.html

[21] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.
[22] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.
[23] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.
[24] Ley 970 de 2005
[25] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.
[26] Presidencia de la República de Colombia, “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y la Atención al Ciudadano”, 2012, p. 9.
[27] Ley 1778 de 2006
[28] Circular externa 100-000003 Superintendencia de sociedades.
[29] DECRETO 410 DE 1971. Código de comercio
[30] LEY 222 DE 1995
[31] Tomado de la OCDE.
[32] Ley 1778 de 2006
[33] Ley 599 de 2000.
[34] Definición en el contexto de la Ley 1712 de 2014, artículo 5.
[35] Definición en el contexto del Estatuto Anticorrupción, ver artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
[36] Ley 526 de 1999