Corrupción empresarial: desafíos para garantizar el desarrollo y el respeto a los derechos humanos

Los Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos aprobados y adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, introdujeron el concepto de “debida diligencia” en torno al cual gira actualmente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. El concepto aplica a todas las empresas, independientemente de su tamaño, contexto operacional, sector o industria. Naciones Unidas refiere la debida diligencia como un proceso para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo una empresa puede abordar sus impactos adversos sobre los derechos humanos; igualmente, determina parámetros de carácter conceptual y académico que componen las etapas del referido proceso de due diligence, entre cuyos riesgos a prevenir, mitigar o reparar se encuentra la corrupción.

Existe una mayoritaria aceptación internacional sobre la amenaza que representa la corrupción, pública y privada, para el desarrollo económico de los países; especialmente, bajo el concepto del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que promueve la garantía de los derechos humanos a nivel global. Entre los organismos que se han pronunciado en contra de la corrupción, señalando los daños sociales desproporcionados que ocasiona, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en sus resoluciones 1/17 y 1/18 estableció la notoria relación entre la corrupción y la vulneración de los derechos humanos y el retroceso que se genera en el desarrollo económico de los países. Igualmente, los jefes de estado y de gobiernos americanos, reunidos en la cumbre de las Américas, manifestaron la inaplazable necesidad de incluir e incentivar al sector privado en la prevención y lucha contra la corrupción, principalmente, a través de la implementación de programas para la promoción de la integridad y transparencia.

Sin embargo, la corrupción se mantiene latente y se percibe probablemente como el mayor obstáculo de negocios que las empresas deben combatir en sus actividades comerciales, especialmente, en los países en desarrollo. Pese a que existen guías y programas de transparencia y anticorrupción por parte de diferentes organizaciones internacionales, ONG, academia, entre otros, lograr una real aplicación del principio de “cero tolerancia”, implementar prácticas comerciales transparentes o mantener un relacionamiento ético, incluso legal, con las entidades del Estado, genera tantas dificultades que a menudo los incentivos legales, económicos, sociales, ambientales y de reputación parecen no ser suficientes. Además, subsisten en la práctica una serie de inquietudes por parte de los actores empresariales sobre cómo lograr una verdadera materialización del principio de “cero tolerancia”y el deber de respetar los derechos humanos de sus diferentes grupos de interés.

El reto de generar cambios y comportamientos de respeto por parte de las empresas exige un verdadero compromiso de la alta dirección, la implementación de acciones de debida diligencia en toda la cadena de valor, incluyendo medianas y pequeñas empresas, y su divulgación a los diferentes grupos de interés. Sin embargo, no existe un método único para garantizar el éxito, generalmente producto del ensayo y error; por el contrario, se requiere de esfuerzos y cambios continuos en la cultura corporativa de las organizaciones y en las costumbres empresariales, que también vinculen progresivamente a los consumidores y a la sociedad civil en general.

El aprendizaje aún no es suficiente, por lo tanto, es necesario generar escenarios, locales y a nivel nacional, donde se compartan, analicen y debatan experiencias, desafíos y casos de éxito en el sector empresarial en materia de lucha contra la corrupción, así como en la implementación de políticas de transparencia, destacando los retos y beneficios reales que implica la aplicación práctica de los principios y estándares sobre la materia y su relación directa con el deber de respetar los derechos humanos por parte de las empresas.

Las empresas no deben perder de vista su poder de influir en la sociedad y la capacidad de generar comportamientos positivos. Para lo cual, se exige una mayor empatía frente a las necesidades de sus grupos de interés, como sus clientes, pero también respecto a las comunidades donde ejercen influencia; lo anterior, debe impactar directamente en la forma como se relacionan y comunican las empresas, incluyendo sus campañas publicitarias y programas de sostenibilidad, los cuales deben obedecer, tanto a una expectativa económica, como también al compromiso respetar y promover los derechos humanos, incluyendo la lucha contra la corrupción.

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen las ideas, posición ni visión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.