La integridad desde lo público: el aporte del derecho a comprender las decisiones públicas

Temas como la ausencia de integridad y la corrupción son objeto de múltiples estudios y en consecuencia se encuentran asociados a problemáticas tan variadas como la ausencia de valores o la falta de apropiación frente a los recursos que pertenecen a la totalidad de la población. Sin embargo, en el marco de esta reflexión, al análisis sobre los dos temas mencionados le hace falta una mirada crítica frente al derecho a la necesidad de darle a los ciudadanos y ciudadanas todas las herramientas que requieren para entender qué es jurídicamente aceptable y qué no lo es, pues, en términos generales, la forma en que el Estado se comunica es confusa e impide que las personas, que se relacionan con él, sean capaces de: encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y utilizar lo que encuentran  para satisfacer sus necesidades (definición tomada de: Plain Language ( Action and Information Network – PLAIN [Traducción libre] en: Guía de Lenguaje Claro, https://buff.ly/2E6EtCW, DNP. Colombia, consultado el 17 de agosto de 2018)

Conforme a lo anterior, se considera que la integridad no se logra sólo con mejorar las normas y su marco de aplicación, con formar en valores, con realizar un cambio cultural, sino que se debe comenzar por hacer que las palabras cobren el valor que deben tener y para lograr esto se requiere que el lenguaje sea claro. ¿Y qué se entiende por lenguaje claro? Conforme a lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación, entidad del gobierno nacional que lleva trabajando en el tema más de tres años, es una forma de escribir y presentar la información de manera tal que el lector pueda entenderla rápida y fácilmente (tomado de: Guía de Lenguaje Claro, https://buff.ly/2E6EtCW, DNP. Colombia, consultado el 17 de agosto de 2018)

Vale la pena aclarar que el lenguaje claro no pretende simplificar los contenidos, sino simplificar su expresión (tomado de la Revista Acceso a la Justicia; Lenguaje Claro número cuatro, Estrella Montolío, Entrevista, página 15 a 18, Dirección asuntos internacionales y derechos humanos, Corte Suprema de Justicia República de Chile). En esta medida, cuando se piensa en el tema de integridad desde el lenguaje claro, no se pensaría en dejar en un segundo plano la aplicación de contenidos con rigor técnico y jurídico, sino en hacer que la información y las decisiones que se tomen, así como la aplicación de éstas, sean fáciles de entender y de asumir por parte de cualquier ciudadano.

Así pues, el lenguaje claro, como concepto con incidencia práctica, podría ser el pilar de la integridad y una herramienta fundamental para evitar la corrupción en nuestro país, que no se limitaría a las miradas y a los diagnósticos tradicionales, sino que requeriría por parte de todos los colombianos la necesidad de reconstruir la forma de transmitir sus necesidades e ideas y de exigir que el Estado desde cualquiera de sus poderes públicos, no se limite a decir la ley y a comunicar las decisiones, sino a traducir dichas herramientas de una manera tal que quienes reciben la información la comprendan y puedan hacer uso de ella.

Actualmente, las universidades de Los Andes y EAFIT, con el soporte conceptual de organismos internacionales que trabajan en el tema – Plain y Clarity – y la experiencia de Chile – encabezada por la Universidad Católica de Valparaiso -, así como el DNP, el Instituto Caro y Cuervo, el ICBF y UNODC, están trabajando con el propósito de formar la Red de Lenguaje Claro en Colombia que se instalaría oficialmente próximamente. Por supuesto, el trabajo de la Red pretende recoger la experiencia nacional e internacional en la materia y desarrollar las pautas y exigencias para repensar los documentos que se dirigen a los ciudadanos.

El trabajo de la Red, exigiría, además, educar a las nuevas generaciones, particularmente en carreras como el derecho y la lingüística en las exigencias del derecho a comprender que está enmarcado constitucionalmente, a su vez, en derechos fundamentales como el derecho a ser informado y el derecho de petición que constituyen en si mismos caminos para hablar con el Estado y para exigirle un trabajo claro e íntegro que pueda crear posibilidades diferentes de entendernos como sociedad y de asumir de otra manera lo público para encontrar el camino hacia la integridad.

Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen las ideas, posición ni visión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

 

Renata Amaya

Abogada y antropóloga de la Universidad de los Andes