Hacia un esfuerzo colectivo

Durante los últimos diez años, hemos podido ver que en todo el mundo la temática de lucha contra la corrupción –como también de otros crímenes de cuello blanco- se ha fortalecido. Esto ha acontecido de la mano de normas para combatirla, como también de iniciativas público-privadas que colaboren en el “enforcement o aplicación de aquellas. Las grandes empresas se encuentran frente al desafío de tomar cuidado en más temas de cumplimiento normativo, los cuales se van expandiendo en complejidad, exigiendo una mayor y mejor administración de riesgos: Anticorrupción, antimonopolio, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, protección de datos personales, control de exportaciones y cumplimiento de derechos humanos, son capítulos casi tradicionales en la agenda de un Compliance Officer.

Dichos ejes temáticos son abordados desde las corporaciones –independientemente de su distribución en las áreas de Auditoría Interna, Control Interno, Riesgos, Asuntos Legales o Compliance- desde una perspectiva que permita una mayor eficiencia, un adecuado aseguramiento de los riesgos y también una mayor optimización –o reducción- de los presupuestos invertidos en esos departamentos. Es allí donde la digitalización, las nuevas tecnologías en visualización, el uso de smart data y minería de datos, fueron tomando desde hace unos pocos años más fuerza en el ecosistema del cumplimiento normativo (y sí, aquí incluyo tanto a los sectores público y privado, como también a las ONGs, la Academia y a las Organizaciones Internacionales), brindando un impacto aún mayor en la prevención del fraude en general, junto a un nivel de aseguramiento razonable, que de a poco nos va presionando para alcanzar una total cobertura del universo de actores y riesgos.

Los tableros de comando interactivos y en línea, las bases de datos sobre listas restrictivas, fuentes sobre alertas y filtraciones (Panama & Paradise papers), el uso de software para la minería de datos y los desarrollos futuros en inteligencia artificial, que nos permita un análisis más veloz y eficiente del océano de información en el que nos encontramos, mejorará la eficiencia de las entidades en la prevención y detección de los crímenes de cuello blanco. Todo ello, a un costo atractivo para los propietarios y para el alto mando de las instituciones.

Si dirigimos nuestra mirada a las PYMES la situación cambia un poco, debido – naturalmente- a la disponibilidad de presupuestos y dotación. Es aquí donde las grandes empresas deben tomar un importante rol, adicional a la gestión eficaz de su programa de cumplimiento normativo: contribuir a la formación y asistencia de las pequeñas y medianas empresas (que son, por otra parte, actores de su cadena de valor), mediante la capacitación de entrenadores, intercambio de prácticas adaptadas al tamaño y complejidad institucional, participación en mesas de ayuda y contacto en redes profesionales, como también en el fomento de pactos y acuerdos de integridad sectoriales que establezcan claras reglas de juego –basadas en estándares internacionales mínimos- y sanciones en caso de incumplimiento (todos estos procedimientos y actuaciones, siempre observadas y/o vigiladas por un facilitador neutral, el garante del compromiso colectivo ante la sociedad civil).

Si pudiéramos ser más eficientes en la expansión de este tipo de estrategias, con la viralidad que tienen algunas noticias como también con el interés que despiertan los escándalos, tendríamos un impacto material en distintos mercados que albergaría la potencialidad de un cambio significativo en la cultura de hacer negocios, beneficiando en forma directa a los ciudadanos (mejor calidad de los productos y/o servicios que consumen y a un precio justo, mejora en los servicios públicos, desarrollo de la infraestructura, disminución de la presión tributaria, aseguramiento de la privacidad personal, respeto a los derechos humanos, reducción de la actividad delictiva –incluida la terrorista-, etc.)

Muchas empresas, grandes y no tan grandes, ya han iniciado este movimiento casi utópico desde hace un tiempo. En Latinoamérica, la iniciativa de Alliance for Integrity /GiZ “De empresas para empresas”, como también el proyecto “Hacia la Integridad” de UNODC en Colombia, ya están sentando las bases metodológicas y los antecedentes de éxito hacia un esfuerzo conjunto del sector privado, independientemente de su tamaño. Falta mucho por hacer todavía. Falta lograr una masa crítica de actores que permita hacer una diferencia y sentar las bases para el futuro.

¿Pero qué pasa con el resto de la población civil en relación a estos fenómenos? Un buen comienzo ha sido la difusión de estos temas en el ámbito académico (el pregrado y las maestrías), la generalización de clases de ética en los negocios (en gran parte de las maestrías –sin importar su ámbito temático-) como también los talleres, seminarios y conferencias que se dictan en el pregrado.

Finalmente, siento en lo personal que aún no se le da la relevancia correspondiente a los aspectos éticos y formación de valores en niños y adolescentes. Todavía navegamos en iniciativas aisladas (por ejemplo, el programa “caracter counts” de algunas escuelas), pero sin lograr masa crítica, producto de excusas varias, realidades sociales y dificultades diversas.

No dejo de recordar las palabras de Edward Hoseah, ex Director de la oficina Anti-corrupción en Tanzania, quien en 2015 condujo en las afueras de Viena una de las clases de verano en la Academia Internacional en Anticorrupción (IACA), donde compartió su experiencia en la implementación de “Clubes Anticorrupción”. Estos eran espacios donde la sociedad civil se reunía para debatir sobre estos temas, conocer y aprender más sobre las normas y sus derechos como ciudadanos, como también para formarse en la tramitación eficiente de denuncias (procedentes, objetivas y precisas), adoptando todos los elementos disponibles de protección al denunciante –salvaguardando ante todo la seguridad personal-.

Quizá los latinoamericanos estemos todavía lejos de lograr la consolidación de todas estas estrategias y nos cueste aún algunas generaciones más. O quizá no, depende de nosotros.

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