Las sociedades vigiladas serán las que determine el Presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el Superintendente cuando del análisis de la información o de la práctica de una investigación administrativa, establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:

  • Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
  • Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;
  • No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados.
  • Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.
* LEY 222 DE 1995